Novedades para funcionarios y Muface: varias aseguradoras se meten en la pelea y proponen coberturas

Las tres aseguradoras principales de Muface: Asisa, DKV y SegurCaixa Adeslas, han confirmado su participación en la nueva licitación planteada por el Gobierno, según reveló el portal La Información. Este movimiento, impulsado por el Ministerio de Función Pública, busca garantizar la continuidad del modelo sanitario concertado para los 1,5 millones de funcionarios que actualmente dependen de este sistema.

El plazo para que las aseguradoras presenten sus propuestas finaliza este miércoles, 4 de diciembre, y el Ministerio evalúa las tarifas solicitadas, claves para mantener el equilibrio económico del acuerdo. Las aseguradoras han expresado previamente su insatisfacción con el aumento del 17 % en las primas, argumentando que las condiciones actuales del convenio les generan "pérdidas". Ahora, reclaman un incremento del 40 % en las tarifas para que el modelo sea viable.

La situación es crucial, ya que la disolución progresiva de Muface, contemplada en los planes del Ministerio de Sanidad, trasladaría a millones de funcionarios al sistema público de salud, generando una presión adicional sobre este. Sin embargo, la respuesta de las aseguradoras abre la puerta a un acuerdo que podría reforzar el sistema concertado, beneficiando tanto a los empleados públicos como a la sostenibilidad del modelo sanitario.

¿Qué pasaría si desaparece Muface?

La posible desaparición de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) plantea un importante desafío para el sistema sanitario en España. Actualmente, este modelo permite a más de 1,5 millones de funcionarios elegir entre recibir asistencia médica a través del sistema público o mediante aseguradoras privadas concertadas.

Especialistas advierten que, de eliminarse este esquema, una gran cantidad de beneficiarios tendría que trasladarse al sistema nacional de salud. Esto podría traducirse en una mayor saturación de hospitales y centros de atención primaria, incrementando los tiempos de espera y elevando los costes operativos del sistema. Además, la sobrecarga podría comprometer la calidad de la atención médica ofrecida a todos los ciudadanos.