No hay nada más desolador y preocupante que ver a la justicia cometer injusticias. Resulta inexplicable y muy difícil de entender que el Tribunal de Arbitraje Deportivo pueda sancionar (y con tanta severidad) a un directivo por haber llevado a cabo, en un consensuado ejercicio de responsabilidad, unas actuaciones pactadas (aunque bien se podría decir que impuestas) por el Gobierno español a través de la figura de su secretario de Estado para el Deporte.
En medio de una convulsión nacional nunca antes vista (no perdamos ahora la perspectiva del contexto), Pedro Rocha aceptó prescindir de Andreu Camps porque así se lo reclamó Víctor Francos, presidente entonces del CSD, entre otras cosas porque era una condición 'sine qua non' establecida por la selección femenina (que contaba con el respaldo absoluto de todo el país, empezando por el propio presidente del Gobierno y las principales voces de los partidos de coalición) en la famosa cumbre de Oliva.
Rocha, que desde el primer momento se mostró colaboracionista con el objetivo de devolver la calma a la RFEF y situarla en una senda de entendimiento con el resto de las instituciones futbolísticas, alejándose de la era de Rubiales (como así lo exigía también toda España) también prescindió de Cueto (ahora en la 'pomada' de toda la investigación), y tomó decisiones orientadas a recuperar esa paz reclamada a gritos por todo el mundo, entre ellos los que posteriormente denunciaron esas actuaciones.
Me parece inaudito y desconcertante, y no sólo porque justo ahora se haya conseguido ya ese escenario de necesaria estabilidad y se haya generado un espacio de confianza entre todos los sectores del fútbol, o por lo irracional que supone que todo salte en medio de una Eurocopa; me parece inconcebible, digo, que Rocha acabe siendo castigado por el mero hecho de haber querido ayudar y haber aceptado ejecutar lo que se le indicaba, sugería o imponía desde el CSD. Advierto mucha vileza, mucha tendenciosidad y muchos intereses ocultos alrededor de todo esto.
Sólo el Gobierno continuaba mirando con recelo la situación, ocultando, eso sí, que por acción (y previa inacción) ha sido un actor principal en todo este asunto relativo a la RFEF.
Estoy de acuerdo con la RFEF y con Javier Tebas en que la resolución del TAD es un disparatado ejercicio de "irresponsabilidad". El TAD ha demostrado que no tiene ni sentido de la proporcionalidad ni de la responsabilidad ni espíritu constructivo. Se limitan a aplicar la ley, dirán, pero la aplicación de la legalidad no puede servir para empeorar las cosas. "Las leyes inútiles debilitan a las necesarias", dijo Montesquieu, y en esas nos encontramos. Me consta que UEFA y FIFA están perplejos y enfadados con esta situación. Bastante se están conteniendo con las injerencias gubernamentales, que rozan la frontera de lo que los máximos organismos europeos están dispuestos a aceptar. Me consta también que ya tienen un país en la recámara dispuesto a coorganizar el Mundial 2030 si España continúa en estos derroteros políticos y judiciales. No me extrañaría que acaben quitándonos el Mundial y que la candidatura sea Francia, Portugal y Marruecos.
Se lo estamos poniendo en bandeja.
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