La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF) exigen al Consejo Superior de Deportes (CSD) un reparto justo, legal y transparente de las ayudas públicas y anuncian que recurrirán a la justicia ordinaria la denegación de estas por silencio istrativo.
Ambas asociaciones denunciaron "la falta de respuesta y el abandono institucional por parte del CSD", ya que después de casi tres meses no hay resolución a las alegaciones que presentaron "por graves irregularidades en la concesión de ayudas al asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado".
En un comunicado recordaron que la AJFSF mantuvo dos reuniones oficiales con altos cargos del CSD, el 4 de febrero y el 24 de abril pasado, en las que se la garantizó una solución. "A día de hoy seguimos sin ningún tipo de respuesta, por lo que ambas asociaciones nos vemos obligadas a acudir a la vía contencioso-istrativa para recurrir la denegación de las ayudas por silencio istrativo", señalaron.
Entre las irregularidades denunciadas por las asociaciones se encuentra la posible falsificación de datos por parte de una de las asociaciones beneficiarias, "cuya representante forma parte, con la gravedad añadida, de la Comisión Directiva del CSD", en alusión al sindicato FUTPRO.
"La Secretaría de Estado para el Deporte no ha actuado ni ha revisado estos hechos, por lo que entendemos que pone en entredicho la equidad y transparencia del proceso", cuestionaron.
Para AFE y la AJFSF "esta situación agrava, además, la discriminación estructural que sufre el fútbol sala femenino", ya que las jugadoras están excluidas del reparto del 0,5% previsto en el Real Decreto 5/2015 para ayudar al pago de las cuotas de la Seguridad Social.
"A pesar de años de informes, solicitudes conjuntas y apoyo tanto de clubes como de la RFEF, el fútbol sala sigue sin ser tratado como parte del fútbol y ahora se obstaculiza también el a las ayudas al asociacionismo. Es una situación institucionalmente insostenible", denunciaron.
Ante esto "AFE y la AJFSF exigen al CSD una rectificación inmediata, una respuesta oficial y la depuración de responsabilidades, además de un reparto justo, legal y transparente de las ayudas públicas".
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