La decisión del Ayuntamiento de Madrid de prohibir los patinetes eléctricos de uso público (los operados por las empresas Lime, Dott y Tier Mobility) ha caído como una bomba entre los s -que se verán privados muy pronto de esta opción de movilidad- y, por supuesto, también de las empresas que prestan este servicio.
Una de ellas ya ha manifestado su punto de vista sobre la situación y ha desmentido algunos de los reproches que ha hecho el Ayuntamiento y sobre los que ha justificado su drástica decisión de obligarlas a retirar los vehículos a partir de octubre.
Lime "lamenta profundamente la decisión"
Lime ha emitido un comunicado en el muestra su "sorpresa" por la decisión del consistorio que dirige Martínez Almeida, que ha calificado de "unilateral" y que asegura se ha tomado "sin tener en cosideración la visión de las operadoras en ningún momento".
La concesionaria manifiesta su "disconformidad con la decisión" y contradice al Ayuntamiento cuando afirma que "su operativa se ha realizado acorde a los requisitos de autorización", algo que el equipo de Almeida argumenta como principal razón para revocar la licencia del servicio.
Lime asegura que ha trabajado conjnuntamente con el Ayuntamiento de Madrid para "implementando tecnologías en sus dispositivos para promover un uso responsable y un seguimiento estricto de las normas por parte de los s".
Los ciudadanos, perjudicados
Hasta en dos ocasiones Lime apela a los ciudadanos madrieños como los más perjudicados por la decisión del Ayuntamiento. Primero, al dejarles fuera del debate (en clara alusión a lo sucedido en París, donde se consultó a sus vecinos antes de prohibir los patinetes públicos) y después, con respecto a sus consecuencias: "Esta decisión supone un cambio inesperado y perjudicial no solo para las compañías comprometidas y sus s, sino para el conjunto de la ciudad de Madrid, que dejará de contar con un servicio de micromovilidad accesible y sostenible para desplazarse por la ciudad".